Sábado, 20 de mayo de 2006
Para la Nación agraria el debate es otro. Para los agricultores la cuestión es si la Minería debe existir o no.
El Tribunal Constitucional sentenció que la regalía minera es un tributo válido. Al cabo de un muy buen tiempo de meditación, los congresistas han aprobaron una ley disponiendo que el pago de regalías sea voluntario. Así, aquellas empresas que están gozando del coyuntural florecimiento de los precios, compartirían, si la generosidad les alcanza, algo de sus ganancias con las comunidades propietarias de las minas.
Esta Ley es obra típica de una burocracia amamantada secularmente por la minería. Desde 1530 el destino de la nación agraria que puebla los campos del Perú, es decidido por un Estado urbano minero. El debate, en ese Estado, es si los mineros pagan o no pagan regalías, luego será cuánto pagan y más tarde en qué forma las pagan. Escuchemos mañana a los candidatos y constataremos que el de izquierda y el de la ultra izquierda, en lo único que compiten es en el tamaño de la mandíbula. Y es que la discusión se realiza dentro de ese Estado minero.
Para la Nación agraria el debate es otro. Para los agricultores la cuestión es si la Minería debe existir o no.
Desde la perspectiva urbano minera, este es un cuestionamiento disparatado. Sin embargo, cualquier repaso de nuestra historia abona la tesis campesina. Quinientos años de actividades extractivas no han dejado a los peruanos absolutamente nada positivo. Por el contrario, por pequeña que sea la explotación, ha dañado irreversiblemente las fuentes de agua, contaminado la tierra, polucionado la atmósfera y afectado la salud de las poblaciones cercanas. El total de los ingresos brutos de la explotación minera, aún a los precios de hoy, serían insuficientes para reparar los daños producidos a la tierra en la que habita y trabaja la Nación agraria. Esta afirmación desafía a encontrar prueba en contra.
Allí donde empezó la conquista del Estado minero, en Piura; la comunidad de Tambogrande consiguió fijar el debate en el eje trascendente. La gran minería aurífera compró su licencia en San Isidro; el alcalde provinciano la desacató. Ocupó con violencia los campos limoneros, el campesinado resistió. Asesinó a tres de sus dirigentes, la población se sublevó. Ofrecieron canon y regalías anticipadas, la comunidad demostró que el dinero ofrecido siempre sería ínfimo en comparación con el daño producido. Casa por casa trataron de comprar el pueblo; Tambogrande no se vendió.
Tambogrande no consintió la mina, perdió el canon y las regalías. El Perú perdió la oportunidad de ser el primer productor de oro. Pero aquella pequeña fracción de la Nación agraria, sigue trabajando y es feliz. Suficiente prueba y motivo como para cambiar el eje del debate.
Gualgayoc, 20 de mayo del 2006.
Por: Alfonso Chunga Ramírez | Porhaceres | Comentarios (0) | Referencias (0)